LA ACTUACION DE LA INSPECCION DE TRABAJO TRAS LA SENTENCIA 126/2026 DEL TRIBUNAL SUPREMO

LA ACTUACION DE LA INSPECCION DE TRABAJO TRAS LA SENTENCIA 126/2026 DEL TRIBUNAL SUPREMO

             Con fecha 14 de abril de 2026, el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, ha dictado sentencia que resuelve el recurso de casación promovido contra la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana 126/2026, de 27 de febrero, dictada en procedimiento especial de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.

El recurso de casación se admite a trámite declarando que existe un interés casacional para determinar si el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio previsto en el artículo 18.2 de la CE es compatible con la facultad de los funcionarios del Sistema de Inspección, prevista en el artículo 13.1 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de entrada en un centro de trabajo no abierto al público o, en su caso, en el domicilio social de una sociedad mercantil, sin consentimiento de su titular ni autorización judicial.

La sentencia concluye que, “en un espacio que es simultáneamente domicilio social de una persona jurídica y centro de trabajo de la empresa, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social requiere autorización judicial previa para la entrada”. La única excepción podría venir dada, una vez valoradas las específicas circunstancias de cada caso, cuando entre la zona de oficinas del domicilio social y la zona del centro de trabajo exista una separación física apreciable y, además, la autoridad o sus agentes informen de que su propósito es únicamente acceder a la primera para el cumplimiento de sus funciones legalmente previstas”.

En primer lugar, hay que señalar que, el contenido de esta sentencia implica, en la práctica, una alteración del marco legal y tradicional vigente, al reinterpretar el artículo 13 de la citada Ley 23/2015 más allá de su tenor literal, modificando de manera unilateral la forma de proceder normal y habitual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la cual se encuentra amparada en la diversa normativa (ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Convenios de la OIT), que regula la actuación inspectora.

Conforme a la normativa en vigor, el único supuesto en el que la Inspección de Trabajo debe solicitar permiso expreso del titular, o autorización judicial para entrar en un centro de trabajo, es cuando este coincide con el domicilio de una persona física, excluyendo, de manera totalmente expresa y consciente, la necesidad de autorización para acceder a los domicilios de otro tipo de personas que no sean físicas, no existiendo laguna normativa al respecto, tal y como señala el Tribunal Supremo.

Además, este mismo artículo 13 habilita a los inspectores y subinspectores a no identificarse, ni comunicar inmediatamente su presencia en el centro de trabajo si esta notificación pudiese perjudicar el éxito de sus funciones inspectoras, estando asimismo habilitados para, durante esa visita, practicar cualquier diligencia de investigación, examen, reconstrucción o prueba que consideren necesario para realizar su actividad inspectora.

Con este tenor normativo, la propia Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo trata de garantizar la efectividad y eficacia de la actuación inspectora en orden a verificar el cumplimiento de la diversa normativa cuya vigilancia tienen encomendada por ley.

La extensión de la exigencia de consentimiento de entrada o autorización judicial para acceder a centros o lugares de trabajo que coincidan con el domicilio social de las personas jurídicas constituye una ampliación indebida de las excepciones legales al libre acceso de la Inspección a los centros de trabajo y supone un claro debilitamiento de la eficacia de la actuación inspectora, con el consiguiente perjuicio para la garantía y protección de los derechos de los trabajadores.

Con este nuevo planteamiento judicial, al exigir este consentimiento expreso o bien, una autorización judicial en aquellos supuestos en los que el domicilio social coincida con un centro de trabajo, y sin que exista una separación física evidente entre ambos, (hecho que la mayor parte de las veces es desconocido por el funcionario al iniciar su actuación), la actuación inspectora perderá gran parte de su eficacia y el fin garantista que constituye su objeto, con el consiguiente perjuicio para los derechos de los trabajadores, perjudicando o impidiendo, de manera notoria, la comprobación de las condiciones reales en las que prestan servicios las personas trabajadoras.

Por otro lado, y, atendiendo al tenor de la sentencia del Tribunal Supremo, a salvo que se produzca una reforma legal que delimite claramente las competencias y atribuciones de la Inspección de Trabajo, se pueden producir una serie de problemas inconvenientes de difícil solución:

• Pérdida de la eficacia de la actuación inspectora y, por consiguiente, la existencia de una mayor facilidad para determinados empresarios incumplidores de vulnerar los derechos de sus trabajadores, pues cabría la posibilidad de que, un empresario infractor afirmara simplemente que el centro de trabajo inspeccionado coincide con el domicilio social para que, algún juzgado, basándose exclusivamente en la pronunciación del Tribunal Supremo y sin entrar en el fondo del asunto objeto de la actuación inspectora, ni velar por la salvaguarda de los derechos de los trabajadores supuestamente vulnerados, anulara las actuaciones sancionadoras llevadas a cabo por la inspección.
• Existencia de una clara inseguridad jurídica a la hora de llevar a cabo una actuación inspectora eficaz, pues a priori, no siempre es fácil discernir en qué casos el centro de trabajo coincide o no con el domicilio social o, lo que es peor, que los tribunales a posteriori de la realización de la actuación inspectora, puedan determinar sobre si el procedimiento llevado a cabo es el correcto o no, lo que implica una exposición directa del personal inspector ante posibles impugnaciones o responsabilidades derivadas de su actuación inspecto

No es aceptable, por tanto, trasladar la incertidumbre jurídica creada por esta sentencia al personal inspector, los cuales actúan como autoridad pública en el ejercicio de unas funciones esenciales para la protección de los derechos de las personas trabajadoras, ya que, en la mayoría de los casos, no se puede determinar con seguridad, una vez iniciada la visita inspectora, si se ha accedido o no a un espacio constitucionalmente protegido según el pronunciamiento judicial.

• No aparece claramente determinado quién ostenta la condición de representante válido de la empresa a efectos de prestar su consentimiento para que el funcionario actuante pueda acceder al centro de Se puede tener el consentimiento de una persona que se identifique ante el actuante como representante de la empresa, que autorice la entrada a ese domicilio social y que luego se determine que no lo es, con la consiguiente anulación de las actuaciones. Además, hay que tener en cuenta que, en la práctica, es muy frecuente que el empresario no se encuentre en el centro de trabajo en el momento de la visita, por lo que, en este supuesto, el consentimiento sería inviable, con la consiguiente ineficacia de la actuación inspectora.

Ante este escenario descrito, sería muy necesario la adopción, de manera urgente, de las medidas legislativas oportunas tendentes a reestablecer el equilibrio entre el derecho a la intimidad de las personas jurídicas y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores, así como la clarificación del marco de la actuación inspectora en orden a garantizar la eficacia y efectividad de sus funciones.

9 de septiembre de 2026